RTVC: ¿Medio público o altavoz de propaganda?

En Colombia, el término "medio público" se ha convertido en una fórmula desgastada para justificar lo injustificable: el uso de recursos fiscales para financiar la propaganda del gobierno de turno. RTVC, la entidad estatal que agrupa canales como Señal Colombia, Canal Institucional y Radio Nacional, se presenta como garante de la pluralidad informativa. Pero, ¿quién garantiza que esa pluralidad no esté siendo manipulada?

El nombramiento de Holman Morris como director general de RTVC bajo el gobierno de Gustavo Petro no es un hecho menor. No por su militancia —legítima, como la de cualquier ciudadano—, sino porque marca un punto de inflexión donde la supuesta neutralidad institucional de los medios públicos empieza a tambalear. ¿Puede un periodista tan comprometido ideológicamente asegurar equilibrio editorial en un medio estatal?

Este no es un debate nuevo ni exclusivo de Petro. Gobiernos anteriores también han usado a RTVC como vitrina. Lo preocupante es que seguimos aceptando la narrativa de que lo público es automáticamente sinónimo de plural. Y no lo es. Es público porque lo paga el contribuyente. Y si lo paga el contribuyente, debería tener una función clara, delimitada y austera.

RTVC debería existir —si acaso— como una infraestructura técnica y administrativa para retransmitir los debates del Congreso, comunicar decisiones judiciales o difundir campañas pedagógicas de los ministerios. Punto. Todo lo demás —ficción, noticieros, programas de opinión, formatos de entretenimiento o “contenido ciudadano”— debería quedar en manos del sector privado. No hay mejor pluralidad que aquella que nace de la competencia de ideas, sin privilegios ni subsidios.

Si el Estado realmente quiere “abrir los micrófonos al pueblo”, lo puede hacer sin gastar un peso más: liberalizando más espectro, reduciendo impuestos al emprendimiento mediático y flexibilizando los trámites para nuevos canales, emisoras o plataformas digitales. Que cada quien diga lo que quiera, pero con su propio riesgo y dinero.

Lo contrario es paternalismo disfrazado de pluralismo: un aparato estatal que nos habla como si fuéramos niños, mientras decide qué voces merecen amplificarse con nuestros impuestos.

Y eso, señores, sí es una falta de respeto.